Mtro. Héctor Sampieri Rubach
Durante décadas nos preocupamos por el crecimiento de la población. Nos dijeron que éramos demasiados, que los recursos no alcanzarían y que reducir el número de hijos era prácticamente sinónimo de progreso, bienestar y modernidad. Hoy comenzamos a mirar el problema desde el extremo contrario: cada vez nacen menos niños y, quizá, todavía no hemos comprendido suficientemente lo que esto significa.
El verdadero problema, sin embargo, no está solamente en las cifras. El invierno demográfico comenzó mucho antes de que descendiera la natalidad. Comenzó cuando cambió nuestra manera de mirar a los hijos.
Durante buena parte de la historia humana, tener hijos significaba continuidad: continuidad de una familia, de una historia, de una comunidad y de una cultura. También suponía asumir una responsabilidad elemental frente al futuro. Recibimos una sociedad de quienes estuvieron antes que nosotros y, de alguna manera, tenemos el compromiso de entregarla a quienes vendrán después. Ese pacto intergeneracional nunca necesitó ser firmado porque formaba parte de la lógica misma de la vida social: una generación cuidaba a la siguiente y, con el tiempo, la siguiente sostenía a la anterior. Entre ambas se construía sociedad.
Pero algo cambió profundamente en nuestra cultura. Poco a poco comenzamos a mirar al hijo desde una lógica predominantemente económica y utilitaria. Nos preguntamos cuánto cuesta, cuánto tiempo exige, cuánto limita la movilidad, cuánto retrasa el desarrollo profesional o cuánto modifica el estilo de vida. La pregunta dejó de ser qué futuro queremos construir y comenzó a ser cuánto cuesta tener un hijo.
Ese cambio aparentemente pequeño revela una transformación cultural enorme. Convertimos a los hijos en una partida de gastos y olvidamos que son, en el sentido más profundamente humano de la palabra, una inversión. No una inversión financiera ni algo de lo que se deba esperar un rendimiento económico, sino una inversión en humanidad, en continuidad social y en futuro. Cada niño que nace es potencialmente un ciudadano, un trabajador, un creador, un cuidador, un emprendedor, un maestro, un padre o una madre. Pero, antes que cualquiera de esas funciones, es una persona capaz de amar, servir, construir vínculos y continuar una historia que comenzó antes de él.
Aquí aparece una de las paradojas más interesantes de nuestro tiempo. Algunas corrientes culturales vinculadas a una izquierda profundamente individualista terminaron encontrándose, quizá inesperadamente, con una de las lógicas más radicales del capitalismo de consumo. Aunque parten de discursos aparentemente diferentes, ambas pueden coincidir en colocar la autonomía individual como criterio casi absoluto de realización.
Desde un extremo se ha difundido la idea de que ningún vínculo debería limitar la autonomía personal y que toda dependencia, obligación permanente o estructura heredada debe ser observada con sospecha. Desde el otro, el mercado invita permanentemente a consumir, experimentar, viajar, producir, cambiar, disfrutar y construir una identidad centrada en la satisfacción de deseos individuales. El resultado de esta extraña convergencia cultural es significativo: la familia puede comenzar a verse como límite, el matrimonio como compromiso excesivo, la maternidad y la paternidad como renuncia y los hijos como costo.
No hace falta imaginar una conspiración para reconocer esta coincidencia. Cuando una sociedad absolutiza simultáneamente la autonomía individual y el consumo, cualquier relación que exija permanencia, sacrificio, responsabilidad y renuncia comienza a resultar incómoda. Y pocas experiencias humanas exigen tanto de nosotros como formar una familia. Un hijo introduce una palabra profundamente contracultural: responsabilidad. Obliga a pensar más allá de uno mismo, más allá del presente y más allá del propio bienestar inmediato.
Sería, sin embargo, un error convertir esta reflexión en una nostalgia simplista del pasado o en una negación de los avances sociales logrados en las últimas décadas. La incorporación de la mujer a la educación y al trabajo, la reducción de la mortalidad infantil, el acceso a mejores condiciones sanitarias y una mayor capacidad para decidir responsablemente sobre la propia vida son conquistas importantes. El problema no es haber ganado libertad. El problema aparece cuando confundimos libertad con desvinculación y cuando pasamos de reconocer que nadie debe ser obligado a formar una familia a sugerir culturalmente que formar una familia constituye un obstáculo para la realización personal.
Entonces comienza a cambiar todo. Organizamos nuestros trabajos, nuestras ciudades, nuestros horarios, nuestras viviendas y nuestras aspiraciones como si tener hijos fuera una anomalía privada, una elección cuyas cargas deben ser asumidas exclusivamente por quienes decidieron tenerlos. Después nos sorprendemos porque nacen pocos niños.
Pero la natalidad nunca ha sido exclusivamente un asunto privado, aunque la decisión concreta de tener hijos pertenezca legítimamente a las personas y a las parejas. Sus consecuencias son profundamente sociales. Toda sociedad funciona gracias a un pacto entre generaciones. Quienes hoy trabajan sostienen, mediante sus impuestos, su productividad y sus cuidados, estructuras construidas por generaciones anteriores. Quienes hoy son niños sostendrán mañana buena parte de la sociedad que nosotros necesitaremos cuando envejezcamos.
Cuando durante décadas nacen menos personas de las necesarias para renovar las generaciones, la estructura demográfica comienza a invertirse. Hay proporcionalmente menos jóvenes, menos trabajadores y menos contribuyentes, al mismo tiempo que aumenta el número de adultos mayores, la presión sobre los sistemas de pensiones y la demanda de cuidados. El invierno demográfico no significa simplemente que habrá menos habitantes. Significa algo mucho más delicado: que cada vez menos personas deberán sostener a cada vez más personas.
Y entonces quizá descubriremos algo que habíamos olvidado: aquellos hijos que considerábamos un “gasto privado” eran también quienes hacían posible nuestro futuro colectivo.
En mis reflexiones sobre desarrollo humano sostenible aparece aquí una cuestión central: ninguna sociedad puede sostenerse únicamente mediante crecimiento económico, tecnología o eficiencia institucional. El verdadero desarrollo requiere personas capaces y comunidades capaces de confiar unas en otras. Necesita capital humano y capital social.
El capital humano está formado por las capacidades, conocimientos, hábitos, competencias y valores que permiten a las personas desarrollarse y contribuir a la sociedad. El capital social está constituido por la confianza, la cooperación, la reciprocidad, las redes de apoyo y los vínculos que hacen posible la convivencia y la acción común. ¿Dónde comienza la generación de ambos? En gran medida, en la familia.
Antes de que una persona llegue a una universidad, a una empresa, al mercado laboral o a una institución pública, ha aprendido —o debería haber aprendido— en algún lugar a confiar, compartir, esperar, aceptar límites, cuidar, dialogar, asumir responsabilidades, resolver conflictos y convivir con otros. Ese primer espacio suele ser la familia.
Por eso la familia no es simplemente una realidad privada. Es una verdadera infraestructura social. Cuando funciona adecuadamente produce bienes que benefician no sólo a sus integrantes, sino a toda la sociedad. Cuando se debilita, otras instituciones tienen que intentar compensar aquello que dejó de producirse: el Estado, la escuela, los sistemas asistenciales, los servicios de salud y las organizaciones sociales. Pero aquello que una familia genera mediante vínculos, pertenencia y reciprocidad, las instituciones sólo pueden intentar reproducir mediante estructuras, programas y presupuestos, generalmente con resultados más limitados y costos mucho mayores.
Quizá durante mucho tiempo hemos realizado mal nuestros cálculos. Hemos preguntado insistentemente cuánto cuesta tener hijos, pero pocas veces nos hemos detenido a calcular cuánto cuesta no tenerlos.
¿Cuánto costará sostener una sociedad profundamente envejecida? ¿Cuánto costará mantener sistemas de pensiones con una base cada vez menor de trabajadores? ¿Cuánto costará cuidar a millones de adultos mayores cuando las redes familiares sean cada vez más pequeñas? ¿Qué consecuencias tendrá para una economía contar con menos jóvenes, menor renovación generacional y eventualmente menos dinamismo e innovación? ¿Cuánto costará reconstruir mediante políticas públicas aquello que antes producían espontáneamente las relaciones familiares?
Quizá descubramos entonces que aquello que considerábamos demasiado caro era, en realidad, una de las inversiones sociales más importantes que podíamos realizar.
Esto no significa, por supuesto, convertir la maternidad o la paternidad en una obligación social. Tener hijos es una decisión profundamente personal que merece libertad y responsabilidad. Pero tampoco podemos permitir que formar una familia se convierta en una heroicidad económica o en una carrera de obstáculos incompatible con la vida profesional, la vivienda digna o la estabilidad.
No basta, por tanto, con pedir a las personas que tengan más hijos. Una sociedad verdaderamente preocupada por su futuro debería preguntarse si está construyendo condiciones donde formar una familia sea realmente posible.
¿Nuestros trabajos permiten cuidar? ¿Nuestras ciudades están diseñadas para criar? ¿Nuestras políticas fiscales reconocen el esfuerzo de quienes sostienen dependientes? ¿Nuestras empresas comprenden el valor social de la maternidad y la paternidad? ¿Nuestra cultura presenta a los hijos como esperanza y posibilidad de futuro o únicamente como renuncia, carga y pérdida de libertad?
Porque si queremos recuperar la natalidad tendremos que recuperar primero algo mucho más profundo: el valor social de la familia y el sentido de responsabilidad entre generaciones.
Tal vez el verdadero invierno que enfrentamos no sea solamente demográfico. Es también un invierno cultural.
Las sociedades no comienzan a desaparecer cuando muere la última persona. Comienzan a debilitarse cuando dejan de imaginar a quienes vendrán después; cuando todo se organiza alrededor del presente; cuando el proyecto individual sustituye completamente al proyecto compartido; cuando dejamos de preguntarnos qué mundo recibimos y qué mundo tenemos la responsabilidad de entregar.
En este sentido, el invierno demográfico es también una crisis de esperanza. Traer un hijo al mundo supone, de alguna manera, hacer una afirmación radical: creer que vale la pena que exista un mañana y comprometerse personalmente con él.
Quizá por eso la pregunta decisiva de nuestro tiempo no sea simplemente por qué las personas tienen menos hijos. Tal vez deberíamos formular una pregunta mucho más incómoda: ¿qué hemos hecho cultural, económica y socialmente para que una generación comenzara a pensar que construir el futuro era incompatible con construir su propia vida?
Responder esa pregunta será mucho más difícil que diseñar incentivos fiscales o programas de apoyo a la natalidad, porque nos obligará a revisar nuestra idea de libertad, nuestra idea de progreso, nuestra concepción del desarrollo y, sobre todo, nuestra manera de comprender a la familia.
El invierno demográfico ya está comenzando a mostrarnos sus primeras señales, pero antes de convertirse en un problema de números fue un problema de significado. Quizá la primavera sólo pueda comenzar cuando volvamos a comprender que una sociedad sostenible no es simplemente aquella que administra adecuadamente sus recursos presentes, sino aquella que genera capital humano y social, fortalece los vínculos entre generaciones y conserva razones suficientemente poderosas para querer continuar.
Porque una sociedad verdaderamente sostenible no sólo debe preguntarse cómo viviremos mejor nosotros. También debe ser capaz de preguntarse quiénes estarán aquí mañana para continuar la historia que hemos recibido.
